La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que el exdetective del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jaime Ernesto Gómez Muñoz, participó en el asesinato del candidato de la Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en un avión que cubría la ruta Bogotá – Barranquilla (Atlántico).
Una juez penal especializada de Bogotá declaró al exfuncionario responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, lo condenó a 20 años y 3 meses de prisión, le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 10 años, y fijó una indemnización en beneficio de las víctimas que asciende a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Gómez Muñoz pertenecía al esquema de seguridad del señor Pizarro Leongómez. El grupo de trabajo integrado por dos fiscales, uno de la Seccional Chocó y otro de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, recopiló pruebas suficientes para evidenciar que el hoy condenado hizo parte del entramado ilegal que buscaba atentar en contra del líder político.
Asimismo, se acreditó que disparó y le causó la muerte a la persona que había atacado con arma de fuego al candidato presidencial. Esta acción la ejecutó cuando el señalado sicario había dejado en el piso de la aeronave la subametralladora utilizada y levantaba sus manos mientras pedía que le respetaran la vida. De esta manera silenció al autor material del homicidio, quien sería un testigo fundamental para identificar a los determinadores y a otros involucrados en el crimen.
Este proceso se siguió en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos legales.