LA PERSONERÍA de Bogotá envió un documento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que advirtió que hay deficiencia del recurso en 11 de las 20 localidades que componen la ciudad, puesto que no se evidencia la aplicación de la norma para la protección del medio ambiente, en tanto que no hay claridad sobre las competencias que tiene cada localidad respecto a las acciones que deben adoptar para preservar las fuentes hídricas
Al parecer las alertas se prendieron por cuenta de la falta de aplicación de los artículos 97 y 100 de la Ley 1801 de 2016, que se refieren específicamente a los comportamientos contrarios a la preservación y conservación del agua (fuentes hídricas) e imposición de medidas preventivas.
“La mayor alerta se presenta que para darle continuidad al proyecto es necesario que el Gobierno Nacional avale el financiamiento de la planta de tratamiento por valor de 600 millones de dólares aval que a la fecha no ha podido emitir el Ministerio de Hacienda por incumplimiento por parte de la EAAB de garantías y contragarantías a la operación de crédito público”, indicó la Personería refiriéndose a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
En ese sentido y de acuerdo con el informe, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tiene varias inconformidades respecto a las acciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sobre la Ptar; sin embargo, el principal desacuerdo tiene que ver con los plazos pactados por los desembolsos anualizados que la EAAB debía hacer a más tardar en diciembre de los años 2018, 2019, 2020 y 2022 con un valor acumulado de $ 112.000 millones, aproximadamente.
En lo que tiene que ver con la Ptar Salitre reitera la Personería que se siguen presentándose fallas en su operación y funcionamiento, lo que genera que el sistema no funcione con el 100% de la capacidad instalada, lo que a su vez provoca que siga el vertimiento de carga contaminante hacia la cuenca del río Bogotá y humedales.
Distrito será investigado
Con base en lo anterior, la Personería de Bogotá abrió investigación disciplinaria en contra de los secretarios de Despacho y subdirectores del Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría de Ambiente, teniendo en cuenta que no ejercieron el control efectivo ante las afectaciones al río Tunjuelo, afluente del río Bogotá.
“La investigación tiene como fin determinar si hubo omisiones por parte de la administración distrital frente al impacto ambiental que genera la operación del relleno sanitario Doña Juana, por el vertimiento de lixiviados a la fuente hídrica”, agregó el órgano de control.
Ptar de Sumapaz abandonadas
Ante el abandono en que se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) de San Juan y la Unión de la localidad de Sumapaz, la Personería de Bogotá solicitó a la administración local tomar medidas urgentes para enfrentar los graves problemas que generan de tipo sanitario, contaminación de fuentes hídricas, ambiente, riesgo de deslizamiento y afectación de los derechos fundamentales de sus habitantes.
De acuerdo con el resultado de la acción de prevención y control, la Ptar de San Juan fue construida en 2009 y puesta en funcionamiento en 2010. Mientras que la Ptar de la Unión no fue instalada en su totalidad, pero nunca inició su operación y fue declarado el incumplimiento del contrato, en mayo de 2015.
Después de eso, la planta de San Juan no ha tenido mantenimiento preventivo ni correctivo que permita tenerlas operando, lo que las convirtió con el tiempo en fuentes de daño ambiental, insalubridad y de riesgo para la integridad y vida de sus habitantes.
El órgano de control distrital identificó posibles observaciones de tipo disciplinario, fiscal (por presunto detrimento) y penal, por eso remitió el informe a la Fiscalía, la Contraloría Distrital, CAR e internamente a las delegadas del eje disciplinario para que inicien las acciones a que haya lugar.
La comunidad no entiende, cómo luego de 13 y 7 años, no se han emprendido acciones concretas para lograr su mantenimiento y operación, en el caso de San Juan, y la terminación y puesta en funcionamiento de la planta de La Unión.
Por todo lo anterior, la Personería no solo exhorta a optimizar las plantas de manera urgente para que puedan funcionar, sino también pide que se garantice su mantenimiento y operación.
“Se requiere tomar las medidas necesarias y urgentes para mitigar o evitar los fenómenos asociados a la remoción en masa en la Unión, que pone en riesgo la vida y salud de los habitantes del centro poblado; en los que se incluyen niños y jóvenes del jardín infantil y del Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela sede principal”, sostuvieron.