De acuerdo con el activista, la víctima murió arrollada por un vehículo en el municipio de Tonalá el pasado 20 de abril sin que las autoridades le brindaran los servicios necesarios para garantizar el acceso a la salud y atención médica de una persona en contexto de movilidad.
Indicó que alrededor de un 15 % de personas migrantes abandonan los servicios de salud por trámites burocráticos o porque los rechazan.
En este sentido, expuso que el año pasado la organización civil atendió a 5.532 personas de Ecuador, Venezuela, Salvador, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Siria, Colombia y otras nacionalidades.
Asimismo, dijo que han brindado información a personas de la comunidad LGBTI+.
El caso ocurre en medio del récord de migración irregular por México, donde tan solo en el primer trimestre de 2024 la migración irregular interceptada por el Gobierno creció cerca de un 200 % anual hasta casi 360.000 personas.