A los 12 detenidos en las localidades de Torredembarra, Reus y Tarragona (nordeste de España) se les acusa de los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de favorecer la inmigración, detención ilegal y falsedad documental.
Durante el dispositivo policial, se practicaron además diez entradas y registros donde los investigadores intervinieron dos armas detonadoras, más de 22.000 euros en efectivo, numerosa documentación de interés y material informático.
La investigación comenzó el pasado mes de octubre, cuando los agentes recibieron información de la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas condiciones laborales pésimas, sin contrato ni documentación de estancia legal y con un horario abusivo.
La organización controlaba con cámaras de vigilancia las viviendas donde eran alojadas las víctimas, las cuales vivían hacinadas en habitaciones.
Las víctimas viajaban desde Colombia tras ser captadas por la organización, después de que se les hubiera ofrecido un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en España, no se ajustaba a lo acordado.
Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje a España, tales como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda, quedando así a merced de los jefes de la organización.
Ya en España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores en Colombia, ya que se les había prometido un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales.