Por anomalías en contratos cargos contra funcionaria de alcaldía de Soacha

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la entonces directora de Cobertura de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía de Soacha, Cundinamarca, Liliana Marcela Chaparro Sierra, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) por más de $ 16 mil millones, durante la pandemia por covid 19.

Los hechos están relacionados con posibles anomalías en dos contratos suscritos para la prestación del servicio de alimentación escolar durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia por covid 19. 

Al parecer, Chaparro Sierra, en su condición de directora de cobertura y supervisora del contrato 2135 de 2019, que supera los $ 7 mil millones, habría incurrido en irregularidades al momento de revisar y aprobar los documentos de justificación y estudio del mercado, de reinicio de prórroga y adición de este contrato hecha en marzo de 2020, en los cuales al parecer se presentaron sobrecostos.

Señala el Ministerio Público que la consulta de precios que sirvió para hacer el estudio habría tenido en cuenta el valor de los productos al detal o al por menor y no al por mayor como correspondía.



En consecuencia, se habría presentado un sobrecosto superior a los 479 millones de pesos en los precios que pagó la Alcaldía de Soacha por los componentes de la ración para preparar en casa, suministrada a los usuarios del programa de alimentación escolar. 

Igual situación se habría presentado en el contrato 616 de 2020, en el cual también fungía como supervisora. 

Para el ente de control no es admisible que en este bilateral se hubiera revisado y justificado tales modificaciones con precios que pudieron superar en más de $ 138 millones el valor real.

Las conductas objeto de investigación fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa grave. 

Finalmente, la Procuraduría compulsó copias del pliego de cargos y de las pruebas pertinentes para que se investigue al también secretario de Educación y Cultura para la época de los hechos, Luis Eduardo Chavez Poveda, por la presunta suscripción de varios documentos relacionados con estos dos contratos. 

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