Producto del mortal atentado sufrido por Villavicencio, el Gobierno del conservador presidente Guillermo Lasso declaró en la noche del miércoles un nuevo estado de excepción por 60 días en todo el territorio nacional para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas, una medida que suspende algunos derechos fundamentales como el de inviolabilidad de domicilio.
Como en otras ocasiones anteriores donde también se ha dado ya esta medida, el Ejecutivo busca así dar mayor tranquilidad a la población y frenar la ola de inseguridad que azota al país desde hace más de dos años y que las autoridades vinculan sobre todo con las bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
El asesinato de Villavicencio ha conmocionado a Ecuador al tratarse de un candidato presidencial, si bien este tipo de ataques, como el sufrido también por Puente, ya se habían suscitado en meses anteriores contra otros candidatos y políticos.
De forma similar fueron asesinados semanas atrás el alcalde de Manta, Agustín Intriago y un candidato a asambleísta por la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, mientras que el alcalde de Durán también fue víctima de un atentado.
Asimismo, en las elecciones locales de febrero pasado fue asesinado un candidato a alcalde a un día de la votación.
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Esta violencia que también se traslada a las calles, sobre todo de la costa, donde se encuentran las rutas del narcotráfico y los puertos que las mafias utilizan como grandes lanzaderas de cocaína hacia Europa y Norteamérica, ha hecho que Ecuador cerrara 2022 con 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia.
En ese contexto se celebran estas elecciones extraordinarias, donde la crisis de seguridad era prácticamente el único tema de discusión incluso antes de que se produjera el asesinato de Villavicencio, a cargo supuestamente de sicarios colombianos que se encuentran en prisión provisional por orden judicial.