La problemática en el servicio de agua potable en Colombia sigue presente en muchas partes del país, y según revela un estudio sectorial de la Contraloría General de la República, para el que se utilizaron datos entregados al organismo de control por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sobre el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) 2020, un total de 70 municipios hacen parte de la categoría de alto riesgo y 8 más se encuentran como casos críticos al ser clasificados como inviables sanitariamente.
Se trata de un estudio sectorial realizado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, con el objeto de “EVALUAR LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL TERRITORIO NACIONAL”.
El estudio se centró en analizar el servicio público de agua potable y evaluarlo principalmente desde los parámetros de cobertura, calidad y continuidad a nivel urbano y rural en el territorio nacional, para así conocer si la política pública contribuye a la solución de la problemática planteada. De esta manera, se enfocó en hacer la evaluación de los resultados de la implementación de esa política de acuerdo con lo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022, analizando los avances en el cumplimiento de las tareas y metas que se plantearon en el mismo.
Se encontró que algunas de las metas planteadas, a pesar de cumplirse, habrían podido ser más ambiciosas, ya que poco contribuyen en la solución del problema, así mismo, que los recursos destinados a proyectos relacionados con agua potable por parte del gobierno Nacional se priorizan con criterios que no tienen en cuenta el déficit a nivel departamental, entre otros aspectos relevantes para la toma de decisiones.
Se contó con una asignación relevante de recursos financieros para proyectos de acueducto por más de $4 billones y, sin embargo, la gestión desplegada para la ampliación de la cobertura del servicio público de acueducto no contribuyó siquiera a beneficiar una población superior al crecimiento demográfico.
Para la Contraloría, es claro que “Colombia tiene una problemática en el servicio público de agua potable, representada por los bajos niveles de cobertura en la zona urbana y sobre todo en la rural, la brecha urbano – rural que está por encima del 20%, los altos niveles de riesgo en la calidad del agua para consumo humano, y los problemas en continuidad en la prestación del servicio que se presentan en muchas partes del país”.
¿Cómo vamos en calidad de agua?
Se verificó además la contribución de esta política pública al cumplimiento de los respectivos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como compromiso internacional de Colombia, y el avance en la reducción del déficit en el acceso al agua potable urbano y rural.
Al analizar el cumplimiento del ODS Salud y Bienestar, se verificaron los resultados más recientes del “Índice de Riesgo de Calidad para consumo Humano (IRCA) para el sector urbano y rural en el año 2020.
De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a la CGR, más de 570 municipios quedaron ubicados en la categoría de “sin riesgo”, situación que aportaría en alguna medida al cumplimiento del ODS.
No obstante, esto no permitiría afirmar que la política está aportando al cumplimiento de este Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que, debido a las variaciones significativas de las cifras reportadas durante los dos últimos años del cuatrienio se presentan vacíos en la consecución de información, situación que no permite establecer con exactitud el verdadero grado de avance en el mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano, siendo este un punto fundamental del ODS 3 Salud y Bienestar.
Vale precisar que la toma de muestras para la obtención de datos del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) en el año 2020 se vio afectada por diferentes factores, entre ellos por la pandemia del COVID 19, lo que ocasionó que, de tener 35 municipios sin información en el año 2019, se haya pasado en el año 2020 a 177, lo que tiene como consecuencia que los datos estadísticos del riesgo no permitan ver si hay un avance en la realidad de la calidad del agua para consumo humano en el país.
En términos de calidad del agua, medido a través del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), los datos no son concluyentes en cuanto al avance que se ha tenido durante el cuatrienio, debido a la afectación que ha producido el Covid – 19, el cual generó un cambio significativo en las estadísticas, advierte el estudio de la Contraloría.
Ocho municipios obtuvieron un IRCA (2020) superior a 80,1 por lo que son clasificados en la categoría den Inviables Sanitariamente:
Para este Estudio Sectorial, con base en la información que reposa en el Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico (SIGEVAS), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio le entregó a la CGR el reporte de los proyectos de acueducto para los años 2018 a 2021, en donde se registra un total de 416, por un valor que suma $4.244.465.526.794-
Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas desde su concepción hasta su ejecución. De acuerdo al reporte, 192 se encuentran activos y hay 57 en estado de suspensión.
Dentro de esos proyectos suspendidos hay 5 con los mayores recursos destinados (en total $131.568.972.794) y que están en riesgo. Son los siguientes:
- VALLE DEL CAUCA (Cali). FORMULACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. VALOR: $30.599.423.894
- SANTANDER (Vélez). PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL DE VELEZ. VALOR: $29.523.483.786
- CHOCO (Istmina). OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ISTMINA-FASE I . VALOR: $27.148.807.066
- PUTUMAYO (Puerto Asís). PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. VALOR: $25.185.443.820
- HUILA (Pitalito). CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE II DE MUNICIPIO DE PITALlTO-HUILA, VALOR: $19.111.814.228
Hallazgos fiscales más recurrentes en Actuaciones Especiales sobre Planes Departamentales de Agua
A partir de los informes finales de las Actuaciones Especiales de Fiscalización de la CGR se realizó un análisis de las causas reportadas para los hallazgos fiscales detectados, con el fin de tener una idea más clara de las fallas más persistentes que se presentan en los Planes Departamentales de Agua (PDA) y así contribuir a la focalización de medidas para un mejor funcionamiento de estos planes departamentales.
Del análisis de las causas reportadas en dichos informes, estas fallas se clasificaron en las siguientes categorías:
- Deficiencias en estructuración y formulación del proyecto: corresponden a fallas como estudios y diseños incompletos o de mala calidad, ausencia de permisos ambientales, de servidumbres, de intervención de vías, etc., y otras fallas durante la estructuración del proyecto.
- Deficiencias de gestión en entidades responsables del PDA (Municipios, Departamentos, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Gestores del PDA, etc.): se encuentran fallas de planeación en la ejecución de los recursos SGP, demoras en contratación de interventorías y supervisiones, fallas de comunicación y gestión interinstitucional, demoras en gestión de recursos, fallas en gestión financiera y presupuestal, deficiencias en cruces de información para asignación de subsidios, deficiencias en planeación del plan de inversiones, etc.
- Deficiencias en la revisión y evaluación de los requisitos técnicos obligatorios establecidos para viabilización de los proyectos: hacen referencia a fallas en la evaluación de los proyectos que, aunque no cumplen los requisitos para ser viabilizados, por falencias en su formulación y estructuración, obtienen el aval y por esta razón en su posterior ejecución presentan demoras para subsanar las falencias iniciales.
- Incumplimientos de contratistas: estas falencias corresponden a fallas durante y posterior a la ejecución de los contratos de consultorías y obras, en los cuales se presentan deficiencias de calidad del objeto contratado, cobros irregulares de actividades ejecutadas, no entrega del objeto contratado, abandono de obras, manejo irregular de anticipos, etc.
- Deficiencias de Control y supervisión: esta categoría recoge las deficiencias de control de las interventorías y de los supervisores que llevan a que los objetos contractuales de los proyectos no lleguen a buen término o que presenten fallas o que generen demoras en los proyectos, estas generalmente vienen de la mano con incumplimientos de contratistas.
- Deficiencias en gestión documental: estas tienen que ver con el mal manejo de la información de los contratos y proyectos, dificultando el control, seguimiento y consulta de los expedientes contractuales.
- Deficiencias en acceso a la información (SECOP): estas fallas tienen que ver básicamente con demoras y ausencia de registro de operaciones contractuales en el SECOP, que contravienen el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
Las fallas más recurrentes que generan hallazgos en las actuaciones de control fiscal adelantadas por la Contraloría General de la República, están relacionadas en primera medida por las que tienen que ver con control y supervisión dentro de los contratos para la ejecución de los proyectos de los PDA. Estas deficiencias se presentan en el 43,8% de los hallazgos.
En segundo lugar, están las deficiencias de gestión a cargo de las entidades responsables de los PDA, las cuales se presentan en el 34,1% de los hallazgos.
Y en tercer lugar se encuentran deficiencias en estructuración y formulación de proyectos, con una presencia en el 29,6% de los hallazgos.