Un estudio realizado en 2024 evidenció la magnitud del problema: durante 2023 llegaron a Mallorca cerca de 400.000 vehículos a través de sus puertos, un aumento del 108 % respecto a las cifras de 2017. Esta tendencia ha generado preocupaciones sobre un posible colapso vial, similar al que ya enfrentan otras islas del archipiélago balear.
El plan contempla también el establecimiento de una tasa para vehículos que no tributen en las Islas Baleares, así como límites al número de coches de alquiler que pueden circular en la isla. Además, se definirá un cupo máximo de vehículos permitidos, con revisiones anuales o bianuales por parte del pleno del Consell.
Los vehículos eléctricos y de bajas emisiones tendrán prioridad en el reparto de autorizaciones, en línea con los objetivos medioambientales de la región. Por su parte, los residentes permanentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia y transporte comercial estarán exentos de estas restricciones.
Camino legislativo
El borrador de la ley será presentado en junio y pasará primero por la Comisión de Movilidad. Luego, el Parlament balear deberá aprobar la normativa para que entre en vigencia. Si se concreta, Mallorca se unirá a otras islas como Ibiza y Formentera, que ya aplican políticas similares.
La medida se inscribe en un contexto global donde cada vez más ciudades —como Nueva Delhi, que ya impide que vehículos de más de 15 años carguen combustible— buscan soluciones radicales para enfrentar el impacto del exceso de vehículos en sus territorios.