Donald Trump vuelve a estar en el centro de la polémica por un plan que, según reveló El Tiempo, busca bloquear el acceso a derechos y servicios básicos a miles de migrantes en Estados Unidos, incluidos colombianos.
Ese nuevo proyecto involucra estrategias agresivas como declarar “muertos” a inmigrantes vivos y compartir su información con autoridades migratorias para facilitar su deportación.
La estrategia viene impulsada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), que además involucra a tres entidades clave: el Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Cada uno de estos departamentos cumpliría un papel en la ofensiva para acorralar a migrantes ilegales e, incluso, a quienes aún conservan un estatus legal.
Este plan incluye también tres acciones principales: eliminar la identidad legal de los migrantes en el sistema de Seguro Social, usar la información tributaria del Servicio de Impuestos para localizarlos y prohibir el acceso a subsidios de vivienda a familias con estatus migratorio mixto. Esto ya ha prendido alarmas por la legalidad de las medidas y el uso de datos confidenciales.
El medio referenciado también indicó que funcionarios de carrera en esas entidades, han renunciado como forma de protesta por el uso indebido de información sensible. En el caso del Seguro Social, ya se incluyeron más de 7.000 migrantes en una lista de defunciones, muchos de ellos con origen latino.
Por parte del administrador de esta entidad, Leland Dudek, indicó en un correo filtrado que el objetivo es “declararlos muertos” en varios aspectos y de este modo, “acabar con sus vidas financieras”, con el fin de forzarlos a dejar el país.
Por otro lado, se conoció que entre los afectados hay menores de edad y personas que ingresaron legalmente por vías como el parole o el programa CPB One, promovido durante la administración de Joe Biden. Esta táctica podría derivar en el cierre de cuentas bancarias, pérdida de hipotecas y dificultades para acceder a vivienda o empleo.
Expertos advierten sobre riesgos legales y humanos. Jason Fichtner, exfuncionario del Seguro Social, afirmó que “parten de una falacia: suponen que alguien está muerto cuando está vivo”, señalando que los errores podrían causar perjuicios graves, incluso para los propios estadounidenses.
Según algunos datos del Instituto para Impuestos y Economía Política, en 2022 los indocumentados pagaron cerca de 100 mil millones de dólares en impuestos. Si este plan logra avanzar, las personas podrían dejar de hacerlo por miedo, lo que significa un importante golpe para el país.