La postura del sheriff ha suscitado una ola de críticas y apoyos. Los detractores argumentan que la decisión de publicar el rostro del menor infringe sus derechos y podría tener consecuencias psicológicas duraderas, además de potencialmente dañar su futuro. Según la ley, los menores generalmente gozan de anonimato para proteger su rehabilitación y desarrollo futuro.
Por otro lado, algunos defensores de la medida creen que exponer a los menores que cometen delitos graves podría actuar como un fuerte disuasivo para otros jóvenes que consideren comportamientos similares. Argumentan que la visibilidad pública de las consecuencias de tales amenazas refuerza el mensaje de que la violencia no será tolerada, independientemente de la edad del perpetrador.
El video del arresto, que ha circulado ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, ha avivado la discusión sobre el equilibrio entre la justicia pública y la privacidad de los menores. Mientras algunos ven la exposición pública como una forma de prevenir futuros incidentes, otros temen que el enfoque del sheriff pueda hacer más daño que bien, tanto al menor implicado como a la percepción general de la justicia juvenil.
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El caso de Carlo “Kingston” Dorelli no solo ha puesto en primer plano las tensiones entre la seguridad pública y los derechos individuales, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad debería tratar a los jóvenes involucrados en actividades criminales. La comunidad de Volusia, y en última instancia el sistema de justicia, tendrán que considerar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo de la política de exposición pública adoptada por el sheriff Chitwood.