La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles un aumento de las represión en Venezuela posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionadas por gran parte de la comunidad internacional.
La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrado en la ciudad de Washington sobre la situación de los derechos humanos en el país caribeño.
Esta reunión fue convocada a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.
Clarke denunció en ese informe, que no fue elaborado sobre el terreno, que la represión ocurrida después de los comicios presidenciales, en los que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por las autoridades electorales, “refleja patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017”.
La CIDH dijo haber observado “uso arbitrario de la fuerza” que ha causado al menos 23 muertos y decenas de heridos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas, con el arresto de más de 1.600 personas, entre ellas un centenar de menores de edad.
“Hostigamiento contra personas percibidas como opositores, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión”, añadió la abogada barbadense.
Tras la presentación del informe, intervinieron los países que habían convocado la reunión.
Decidieron no hacer uso de la palabra el resto de países, como Brasil, México o Colombia, que han adoptado una posición más mediadora con Caracas.
En ese turno abierto de palabra, el embajador de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, afirmó “que estas graves denuncias no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional”.