Un juez de la república dio a conocer la primera condena en el caso de centros poblados, el dictamen fue contra Juan José Laverde quien era el entonces representante de Rave Seguros.
De acuerdo con la Fiscalía, la condena contra este exfuncionario es de 48 meses de prisión (4 años) por los delitos de falsedad de documento y fraude procesal.
Por otro lado, el procesado deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales vigentes y estará inhabilitado de toda función pública por 30 meses.
“La contundencia de las pruebas recaudadas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que Juan Jose Laverde Martínez, mediante preacuerdo, aceptara de manera libre y voluntaria su participación en el entramado de corrupción que permitió el direccionamiento y apropiación de recursos del millonario contrato que pretendía llevar Internet a escuelas rurales del país”, dice el comunicado del ente judicial.
Asimismo, Laverde se sometió a un acuerdo donde ” reintegró 186’739.959 de pesos, que corresponderían a los dineros que recibió por su intervención. La juez de conocimiento le reconoció al sentenciado la suspensión condicional de la pena”, dijo la Fiscalía.
Cabe recordar que el empresario Emilio Tapia fue sancionado por la Superintendencia de Sociedades por este mismo caso.
La entidad afirmó que Tapia era el controlante de ICM Ingeniero y Omega Buildings, ambas en liquidación, que son parte del consorcio al que le adjudicaron el convenio para conectividad en zonas rurales.
Supersociedades multó al empresario con $232.000.000, al igual que a Hugo Armando Canabal, controlante de Intec de la Costa S.A.S., con $116.000.000.
“La declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006″, dijo Billy Escobar, Superintendente de Sociedades.