Ante la crítica situación de vulneración de derechos humanos en la zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de la comunidad y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La entidad rechaza las acciones que han desplazado a los habitantes de la zona, como la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.
La Defensoría también exige que no se instrumentalice a los campesinos, trabajadores y humildes, quienes se ven obligados a realizar manifestaciones contra la fuerza pública. Asimismo, se repudia de manera categórica el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes por parte de estos grupos ilegales, práctica cruel que va en contra de las normas del DIH.
Además, se denuncia la modalidad de homicidio implementada por estas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos ni reportar su fallecimiento, obligándolos a enterrarlos en zonas rurales para evitar el registro de estos crímenes.
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