El Departamento de Justicia afirma que Apple ha usado su control sobre el iPhone para “participar en un tipo de conducta ilegal, de manera amplia y sostenida”.
Entre otras cosas, la demanda alega que Apple impide el desarrollo exitoso de las llamadas “súper aplicaciones” que permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de teléfono inteligente.
También se acusa a Apple de bloquear el desarrollo de aplicaciones de ‘streaming’ que permitirían a los usuarios disfrutar de video de alta calidad sin tener que pagar por más espacio en la nube o ‘hardware’ para que el teléfono pueda soportarlo.
El caso se dirige específicamente contra la fortaleza digital que ha creado Apple no solo con iPhone, sino también con otros productos como iPad, Mac y Apple Watch para que los consumidores tengan que depender de esos dispositivos y no puedan combinarlos con otros productos de otras compañías.
Apple, con sede en Cupertino (California), negó los señalamientos y acusó al Gobierno de haberse extralimitado, según un comunicado recogido por medios locales.
“Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que diferencian a los productos de Apple en mercados intensamente competitivos”, se defendió Apple, que aseguró que si la demanda prospera se sentará “un peligroso precedente”, dando poder al Gobierno para intervenir en el diseño de tecnología.
Con esta demanda, Apple se une a la lista de gigantes tecnológicos contra los que ha emprendido una ofensiva el Gobierno de Biden.
El Departamento de Justicia ya demandó a Google por monopolizar los servicios de publicidad digital y la Comisión Federal de Comercio tiene un caso antimonopolio pendiente contra la matriz de Facebook, Meta, y otro contra Amazon.
Apple es una de las empresas más poderosas del mundo con unos ingresos anuales de casi 400.000 millones de dólares y, hasta hace poco, un valor de mercado de más de 3 billones de dólares.
Cabe resaltar que las acciones de la compañía, tras estas declaraciones, cayeron un 3,7%